El 3 de mayo las organizaciones pertenecientes a la Coordinadora Nacional de Organizacion de Derechos Humanos y Sociales realizaron una clausara simbólica del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos en Santiago:
“Hoy la Coordinadora de DDHH y Sociales realizó la acción de clausurar el Ministerio de Justicia y los Derechos Humanos, para denunciar y levantar su voz en contra de las nuevas estrategias que buscan darle impunidad a los crímenes de lesa humanidad, cometidos por los victimarios de tantos hombres, mujeres y niños de nuestra patria.
Creemos que el Ministro de Justicia, Hernán Larraín, por sus vínculos y la complicidad con los violadores de DDHH, políticamente no tiene ética para permitir el retiro del proyecto de ley sobre la reparación del sobreviviente de la Tortura. Por otro lado, rechazamos la iniciativa de ley sobre los migrantes porque es vejatorio, discriminatorio hacia hombres y mujeres que llegan a nuestro país por una mejor calidad de vida.
Además, denunciamos la presentación del proyecto de ley que busca beneficiar a los criminales y así consagrar la impunidad existente. En esa línea se enmarcan las reformas a la ley antiterrorista que son un atentado al derecho de movilizarse de las organizaciones. Con ello, tratan de criminalizar aún más el movimiento social y en especial al pueblo mapuche, por lo que debemos estar alerta, debido al reforzamiento policial que han implementado, con el envío de una mayor dotación de carabineros y vehículos policiales.
También denunciamos la persecución política que han reforzado contra los luchadores sociales que están fuera del país por razones políticas. Han abusado de la propaganda en medios de comunicación, con las extradiciones que están tramitando el Ministerio de Relaciones Exteriores y el Poder Judicial. Sin embargo, guardan silencio cuando se trata de los genocidas como Pedro Barrientos en EEUU, uno de los responsables del crimen de Víctor Jara, o Adriana Rivas González, secretaria del Mamo Contreras, criminal que fue condenado a más de 500 años por sus crímenes.
Finalmente, no podemos dejar de denunciar la utilización del Tribunal Constitucional que la derecha junto a los abogados de los criminales lo han convertido como trinchera que les asegure la impunidad de que han gozado por más de 44 años. Interpelamos a ese tribunal a cumplir el rol que, por mandato constitucional está llamado a desempeñar, sin contribuir a validar el horror de 17 años de represión e infamia, el horror de una noche que duró demasiado en la historia reciente de nuestro país”.
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